La Organización de las Naciones Unidas nos ve con preocupación.

Traduzco 2 publicaciones de la ONU (Organización de la Naciones Unidas) sobre la situación del avasallamiento judicial en Argentina.

La primera de la página de la Oficina del Alto Comisionado para losDerechos Humanos de las Naciones Unidas, titulada: Argentina/ Reforma judicial: los expertos de la ONU piden garantía y respeto por la independencia del sistema judicial.



GINEBRA (30 de abril de 2013) – La Informante Especial de la Naciones Unidas, Gabriela Knaul instó hoy al Gobierno de Argentina a reconsiderar el anteproyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de medidas cautelares en el país.




«El Estado se ha comprometido a asegurar la independencia del sistema judicial mediante el respeto a las normas internacionales en la legislación local,» destacó la experta independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar e informar sobre la independencia de jueces y abogados en el mundo.
De acuerdo a la información recibida por la experta independiente, la Cámarade Diputados aprobó el 24 de abril de 2013 el anteproyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de medidas cautelares contra el Estado. El primer anteproyecto volvió al Senado de la Nación para que se revisen los cambios hechos, mientras que el primer anteproyecto está listo para su sanción y promulgación.
La Srta. Knaul notó con preocupación que el anteproyecto sobre el Consejo de la Magistratura estipula que los miembros del Consejo serán elegidos por el voto popular directo y que los candidatos serán canalizados en las listas de partidos políticos.


«Ofrecer la oportunidad de que los partidos políticos propongan y organicen la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura amenaza su independencia, y de este modo se pone seriamente en peligro los principios de separación de poderes e independencia del poder judicial, que constituyen elementos fundamentales de cualquier democracia y del estado de derecho», subrayó la experta.
«La estipulación de elecciones partidistas de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos y a los Principios Básicos de Independencia delPoder Judicial», afirmó la Informante Especial de la ONU. 


De igual forma, los requisitos para ser candidato del Consejo se han modificado sustancialmente, y se redujeron las mayorías necesarias para la adopción de decisiones importantes, incluso para decisiones de destitución de jueces, sin posibilidad de ninguna apelación.
«Llamo a que Argentina establezca procedimientos claros y un criterio objetivo para la destitución y castigo de jueces, y que asegure una reparación efectiva para que los jueces puedan objetar esas decisiones, para salvaguardar la independencia judicial», dijo.
En el proyecto de ley que regula las medidas cautelares, la experta notó que «el uso y el período de validez de las medidas cautelares contra el Estado no pueden limitarse. De lo contrario, el acceso a la justicia no está completamente garantizado.»
«Las limitaciones aprobadas en las medidas cautelares son contrarias al artículo 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otras relevantes normas internacionales», alertó la Informante Especial de la ONU.
Gabriela Knaul asumió sus funciones como Informante Especial de la ONU en la independencia de jueces y abogados el 1º de agosto de 2009. En ese puesto, actúa de manera independiente de cualquier gobierno u organización. La Srta. Knaul tiene una experiencia de larga data como jueza en Brasil y es una experta en justicia criminal y la administración de los sistemas judiciales.

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La segunda, del Centro de Noticias de las Naciones Unidas, en referencia al mismo informe, se titula: Argentina debe asegurar la independencia de su sistema judicial:experta de la ONU.

 




30 de abril de 2013 – Una experta de las Naciones Unidas llamó hoy a que Argentina asegure la independencia de su sistema judicial, luego de las reformas que se aprobaron el mes pasado que afectan el proceso de elección del Consejo de la Magistratura que designa y destituye jueces.
«El Estado se ha comprometido a asegurar la independencia del sistema judicial mediante el respeto a las normas internacionales en la legislación local,» destacó la Informante Especial sobre independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul.
La semana pasada, la Cámara de Diputados decidió cambiar el proceso de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura. El proyecto de ley, que todavía necesita ser votado en el Senado, somete a los miembros del Consejo a elección popular, con candidaturas canalizadas a través de partidos políticos.
«Ofrecer la oportunidad de que los partidos políticos propongan y organicen la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura amenaza su independencia, y de este modo se pone seriamente en peligro los principios de separación de poderes e independencia del poder judicial, que constituyen elementos fundamentales de cualquier democracia y del estado de derecho», dijo la Srta. Knaul.
De acuerdo con los informes de los medios, el proyecto de ley le daría el control del Consejo al partido mayoritario, lo que permitiría impugnar jueces por una mayoría simple, en lugar de los dos tercios requeridos ahora.


«La estipulación de elecciones partidistas de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios Básicos de Independencia del Poder Judicial», dijo la Srta. Knaul.
El proyecto de ley también modifica los requisitos para que un candidato se convierta en miembro del Consejo, y reduce la mayoría necesaria para la adopción de decisiones importantes, incluso la destitución de jueces, sin posibilidad de apelación.
«Llamo a que Argentina establezca procedimientos claros y un criterio objetivo para la destitución y castigo de jueces, y que asegure una reparación efectiva para que los jueces puedan objetar esas decisiones, para salvaguardar la independencia judicial» dijo la Informante Especial.
Expertos independientes o informantes especiales como la Srta. Knaul son designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar e informar, en un puesto ad honorem, sobre temas específicos de derechos humanos. 

Argentina y el Poder Judicial: trastorno a las leyes

El paquete de medidas enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso con el objetivo (según ellos) de "democratizar" la Justicia, despertó innumerables críticas de varios sectores: académicos, ONGs, ciudadanos, sindicales, letrados, etc.
Como muestra publico dos botones y una traducción.

1) Primer botón: La declaración emitida por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA, cuya Decana, la Dra. Mónica Pinto es una entendida en materia de Derechos Humanos.
Entre las muchas críticas dichas en esa declaración se destacan, las expresadas en el segundo párrafo:

«La idea general del proyecto sobre medidas cautelares apunta más a custodiar los intereses del Estado que a tutelar los derechos de las personas. No asume una perspectiva de derechos humanos, que hoy es esencial para toda legislación democrática y, por ello, desconoce las obligaciones contraídas en virtud de tratados de derechos humanos con rango constitucional.»

Las referidas al Artículo 9 del presentado proyecto:

«El texto del artículo 9 es particularmente preocupante, en tanto establece que “Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”. Resulta difícil imaginar una medida cautelar que ordene salvaguardar un derecho humano de los ciudadanos, que en muchos casos implica la provisión de servicios, que no requiera afectar en manera alguna los recursos del Estado.»

Las que hablan sobre la modificación propuesta al Consejo de la Magistratura:

«La exigencia de mayorías agravadas (2/3, por ejemplo) incentiva la búsqueda de acuerdos. El compromiso con la democratización no puede reducirse a un sistema electoral. La democracia es centralmente también diálogo, consenso y compromiso. Con este proyecto se erradica toda semilla de consenso en el gobierno del Poder Judicial. »

Y finaliza con un pedido de DIÁLOGO:

«Advertimos con preocupación la creación de nuevas instancias que facilitan la injerencia de otros poderes sobre las decisiones de aquellos que circunstancialmente quedan sometidos a su arbitrio durante la tramitación de sus concursos.»

2) El segundo botón: El comunicado emitido por la ONG Poder Ciudadano, que representa en el país a  +Transparency International, dedicada a la lucha contra la corrupción, en la cual también coincide en la preocupación:

«Consideramos que apuntan al debilitamiento de la independencia del Poder Judicial de la Nación, vulnerando de manera contundente los derechos de los ciudadanos.»

Al respecto de la "elección" de los miembros del Consejo de la Magistratura, dice:

«Observamos que los objetivos reales de esta reforma se vinculan con intereses políticos del actual Poder Ejecutivo Nacional que busca controlar al organismo de selección y remoción de los jueces de la Nación.» 

«Lejos de fortalecer y democratizar a la justicia, la reforma, en caso de aplicarse, someterá al Poder Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo, rompiendo con todos los preceptos de división de poderes que garantizan el efectivo funcionamiento de la democracia.»

Y, también, finaliza con un pedido de DIÁLOGO con la sociedad:

«Poder Ciudadano considera que estos proyectos ponen en juego la calidad de la democracia e invita a la ciudadanía a participar de un debate amplio en pos del mejoramiento de la justicia en la Argentina.»

La traducción es sobre las noticias publicadas en la página web de +Transparency International, con el título: Argentina y el Poder Judicial: trastorno a lasleyes. Me pareció importante traducir al español esta visión de un organismo internacional con muchos años y muy respetado por su combate a la corrupción en el mundo.

Publicado el 18 de abril de 2013

La cámara alta del Congreso en Argentina aprobó una serie de leyes propuestas por el gobierno que permiten al Poder Ejecutivo ejercer una influencia considerable sobre el Poder Judicial, lo que amenaza más la limitada independencia actual del sistema judicial del país. 


Bajo estas reformas, el Consejo de la Magistratura, que está a cargo de varias funciones clave en el sistema judicial, incluyendo proponer candidatos y removerlos, será elegido por los ciudadanos.


Esto le da al partido en ejercicio una influencia excesiva sobre el sistema judicial. En el Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional de 2001 la gente en Argentina identificó a los partidos políticos como la institución que percibían más corrupta. En suma, jueces que se postulan por el partido dominante tendrán una ventaja significativa porque el gobierno puede promover con más facilidad sus candidaturas en un proceso que será desconocido para el electorado.

Se estima que 1 millón de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires el 18 de abril para protestar contra la corrupción, que incluyen las reformas judiciales.

El gobierno ha dicho que las nuevas leyes son “democratizar el sistema judicial”, pero en la realidad en lugar de promover la democracia amenazan el sistema de leyes del país al concentrar demasiado poder en el poder ejecutivo.


El momento en que se presenta la nueva ley, que tendrá que pasar por la cámara baja, resalta la tensión entre el poder político y judicial del estado. En los últimos meses, la Corte se negó a permitir movimientos legales del gobierno para dividir los grupos mediáticos que la Presidente Cristina Kirchner ve como monopólicos y tendenciosos.


La última propuesta fue rotundamente criticada por la sociedad civil y la prensa. Poder Ciudadano, el representante en Argentina de Transparencia Internacional, publicó una declaración pidiéndole al Senado que rechazara las leyes.

133 de 144

Argentina está en el puesto 133 de los 144 países por un sistema judicial independiente

El avance del Congreso llega justo un día antes de una marcha contra el gobierno que se espera que lleve una enorme multitud hacia las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades, la segunda protesta similar en menos de seis meses. Muchas personas en Argentina están descontentas con los altos niveles de corrupción e impunidad en los círculos gubernamentales.


Un sistema judicial independiente, sin miedo a responsabilizar al gobierno, es un elemento esencial para cualquier sistema fuerte en la lucha contra la corrupción. Sin leyes creíbles los operadores del gobierno, particularmente en el ejecutivo, no pueden rendir cuentas de sus actos. Un sistema judicial obligado bajo el partido gobernante no puede ser responsable de actuar con imparcialidad.


Se deberían priorizar las reformas del sistema judicial que fortalezcan su independencia; Argentina está en el puesto 133 de los 144 países por un sistema judicial independiente, de acuerdo con el informe 2012-2013 del Foro Económico Mundial. Sin embargo, el actual paquete de reformas solo reducirá la independencia del sistema judicial.

El sistema ejecutivo y el judicial de Argentina: un cuento de influencias inapropiadas

Un escándalo de alto perfil, en 2012, el vicepresidente Amado Boudou fue acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias para evitar la quiebra de una imprenta y casa de moneda. Las acusaciones en lugar de llevar a consecuencias legales, por ahora los alegatos resultaron en la destitución del presidente del tribunal y la renuncia del fiscal. Esto siguió a las acusaciones del socio comercial de Boudou de que el presidente del tribunal había perdido su objetividad. El propio Boudou presentó los cargos criminales contra el fiscal.

Reformas judiciales: Recomendaciones para Argentina




La corrupción judicial es una amenaza en muchos países, como se vio en el informe sobre la Corrupción Global 2007 del sistema judicial. Argentina fue elegida como un país donde el control del gobierno sobre el sistema judicial es muy fuerte. Los informes recientes refuerzan y amplían los poderes del gobierno. Recomendamos lo siguiente:

• La necesidad de fortalecer la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial.
• Los ciudadanos deben tener acceso garantizado a una Justicia equitativa, sin miedos de interferencia política y en tiempo y forma. 
• Debe haber un debate amplio de la naturaleza de las reformas, que incluya opiniones de la sociedad civil.