martes, 23 de abril de 2013

Argentina y el Poder Judicial: trastorno a las leyes

El paquete de medidas enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso con el objetivo (según ellos) de "democratizar" la Justicia, despertó innumerables críticas de varios sectores: académicos, ONGs, ciudadanos, sindicales, letrados, etc.
Como muestra publico dos botones y una traducción.

1) Primer botón: La declaración emitida por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA, cuya Decana, la Dra. Mónica Pinto es una entendida en materia de Derechos Humanos.
Entre las muchas críticas dichas en esa declaración se destacan, las expresadas en el segundo párrafo:
«La idea general del proyecto sobre medidas cautelares apunta más a custodiar los intereses del Estado que a tutelar los derechos de las personas. No asume una perspectiva de derechos humanos, que hoy es esencial para toda legislación democrática y, por ello, desconoce las obligaciones contraídas en virtud de tratados de derechos humanos con rango constitucional.»
Las referidas al Artículo 9 del presentado proyecto:
«El texto del artículo 9 es particularmente preocupante, en tanto establece que “Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”. Resulta difícil imaginar una medida cautelar que ordene salvaguardar un derecho humano de los ciudadanos, que en muchos casos implica la provisión de servicios, que no requiera afectar en manera alguna los recursos del Estado.»
Las que hablan sobre la modificación propuesta al Consejo de la Magistratura:
«La exigencia de mayorías agravadas (2/3, por ejemplo) incentiva la búsqueda de acuerdos. El compromiso con la democratización no puede reducirse a un sistema electoral. La democracia es centralmente también diálogo, consenso y compromiso. Con este proyecto se erradica toda semilla de consenso en el gobierno del Poder Judicial. »
Y finaliza con un pedido de DIÁLOGO:
«Advertimos con preocupación la creación de nuevas instancias que facilitan la injerencia de otros poderes sobre las decisiones de aquellos que circunstancialmente quedan sometidos a su arbitrio durante la tramitación de sus concursos.»

2) El segundo botón: El comunicado emitido por la ONG Poder Ciudadano, que representa en el país a  +Transparency International, dedicada a la lucha contra la corrupción, en la cual también coincide en la preocupación:
«Consideramos que apuntan al debilitamiento de la independencia del Poder Judicial de la Nación, vulnerando de manera contundente los derechos de los ciudadanos.»
Al respecto de la "elección" de los miembros del Consejo de la Magistratura, dice:
«Observamos que los objetivos reales de esta reforma se vinculan con intereses políticos del actual Poder Ejecutivo Nacional que busca controlar al organismo de selección y remoción de los jueces de la Nación.» 
«Lejos de fortalecer y democratizar a la justicia, la reforma, en caso de aplicarse, someterá al Poder Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo, rompiendo con todos los preceptos de división de poderes que garantizan el efectivo funcionamiento de la democracia.»
Y, también, finaliza con un pedido de DIÁLOGO con la sociedad:
«Poder Ciudadano considera que estos proyectos ponen en juego la calidad de la democracia e invita a la ciudadanía a participar de un debate amplio en pos del mejoramiento de la justicia en la Argentina.»


La traducción es sobre las noticias publicadas en la página web de +Transparency International, con el título: Argentina y el Poder Judicial: trastorno a lasleyes. Me pareció importante traducir al español esta visión de un organismo internacional con muchos años y muy respetado por su combate a la corrupción en el mundo.



Publicado el 18 de abril de 2013



La cámara alta del Congreso en Argentina aprobó una serie de leyes propuestas por el gobierno que permiten al Poder Ejecutivo ejercer una influencia considerable sobre el Poder Judicial, lo que amenaza más la limitada independencia actual del sistema judicial del país. 


Bajo estas reformas, el Consejo de la Magistratura, que está a cargo de varias funciones clave en el sistema judicial, incluyendo proponer candidatos y removerlos, será elegido por los ciudadanos.


Esto le da al partido en ejercicio una influencia excesiva sobre el sistema judicial. En el Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional de 2001 la gente en Argentina identificó a los partidos políticos como la institución que percibían más corrupta. En suma, jueces que se postulan por el partido dominante tendrán una ventaja significativa porque el gobierno puede promover con más facilidad sus candidaturas en un proceso que será desconocido para el electorado.

Se estima que 1 millón de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires el 18 de abril para protestar contra la corrupción, que incluyen las reformas judiciales.



El gobierno ha dicho que las nuevas leyes son “democratizar el sistema judicial”, pero en la realidad en lugar de promover la democracia amenazan el sistema de leyes del país al concentrar demasiado poder en el poder ejecutivo.


El momento en que se presenta la nueva ley, que tendrá que pasar por la cámara baja, resalta la tensión entre el poder político y judicial del estado. En los últimos meses, la Corte se negó a permitir movimientos legales del gobierno para dividir los grupos mediáticos que la Presidente Cristina Kirchner ve como monopólicos y tendenciosos.


La última propuesta fue rotundamente criticada por la sociedad civil y la prensa. Poder Ciudadano, el representante en Argentina de Transparencia Internacional, publicó una declaración pidiéndole al Senado que rechazara las leyes.

133 de 144
Argentina está en el puesto 133 de los 144 países por un sistema judicial independiente

El avance del Congreso llega justo un día antes de una marcha contra el gobierno que se espera que lleve una enorme multitud hacia las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades, la segunda protesta similar en menos de seis meses. Muchas personas en Argentina están descontentas con los altos niveles de corrupción e impunidad en los círculos gubernamentales.


Un sistema judicial independiente, sin miedo a responsabilizar al gobierno, es un elemento esencial para cualquier sistema fuerte en la lucha contra la corrupción. Sin leyes creíbles los operadores del gobierno, particularmente en el ejecutivo, no pueden rendir cuentas de sus actos. Un sistema judicial obligado bajo el partido gobernante no puede ser responsable de actuar con imparcialidad.


Se deberían priorizar las reformas del sistema judicial que fortalezcan su independencia; Argentina está en el puesto 133 de los 144 países por un sistema judicial independiente, de acuerdo con el informe 2012-2013 del Foro Económico Mundial. Sin embargo, el actual paquete de reformas solo reducirá la independencia del sistema judicial.



El sistema ejecutivo y el judicial de Argentina: un cuento de influencias inapropiadas
Un escándalo de alto perfil, en 2012, el vicepresidente Amado Boudou fue acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias para evitar la quiebra de una imprenta y casa de moneda. Las acusaciones en lugar de llevar a consecuencias legales, por ahora los alegatos resultaron en la destitución del presidente del tribunal y la renuncia del fiscal. Esto siguió a las acusaciones del socio comercial de Boudou de que el presidente del tribunal había perdido su objetividad. El propio Boudou presentó los cargos criminales contra el fiscal.




Reformas judiciales: Recomendaciones para Argentina




La corrupción judicial es una amenaza en muchos países, como se vio en el informe sobre la Corrupción Global 2007 del sistema judicial. Argentina fue elegida como un país donde el control del gobierno sobre el sistema judicial es muy fuerte. Los informes recientes refuerzan y amplían los poderes del gobierno. Recomendamos lo siguiente:
  • La necesidad de fortalecer la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial.
  • Los ciudadanos deben tener acceso garantizado a una Justicia equitativa, sin miedos de interferencia política y en tiempo y forma. 
  • Debe haber un debate amplio de la naturaleza de las reformas, que incluya opiniones de la sociedad civil.


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