miércoles, 1 de mayo de 2013

La Organización de las Naciones Unidas nos ve con preocupación.



Traduzco 2 publicaciones de la ONU (Organización de la Naciones Unidas) sobre la situación del avasallamiento judicial en Argentina.

La primera de la página de la Oficina del Alto Comisionado para losDerechos Humanos de las Naciones Unidas, titulada: Argentina/ Reforma judicial: los expertos de la ONU piden garantía y respeto por la independencia del sistema judicial.



GINEBRA (30 de abril de 2013) – La Informante Especial de la Naciones Unidas, Gabriela Knaul instó hoy al Gobierno de Argentina a reconsiderar el anteproyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de medidas cautelares en el país.




«El Estado se ha comprometido a asegurar la independencia del sistema judicial mediante el respeto a las normas internacionales en la legislación local,» destacó la experta independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar e informar sobre la independencia de jueces y abogados en el mundo.
De acuerdo a la información recibida por la experta independiente, la Cámarade Diputados aprobó el 24 de abril de 2013 el anteproyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de medidas cautelares contra el Estado. El primer anteproyecto volvió al Senado de la Nación para que se revisen los cambios hechos, mientras que el primer anteproyecto está listo para su sanción y promulgación.
La Srta. Knaul notó con preocupación que el anteproyecto sobre el Consejo de la Magistratura estipula que los miembros del Consejo serán elegidos por el voto popular directo y que los candidatos serán canalizados en las listas de partidos políticos.


«Ofrecer la oportunidad de que los partidos políticos propongan y organicen la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura amenaza su independencia, y de este modo se pone seriamente en peligro los principios de separación de poderes e independencia del poder judicial, que constituyen elementos fundamentales de cualquier democracia y del estado de derecho», subrayó la experta.
«La estipulación de elecciones partidistas de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos y a los Principios Básicos de Independencia delPoder Judicial», afirmó la Informante Especial de la ONU. 


De igual forma, los requisitos para ser candidato del Consejo se han modificado sustancialmente, y se redujeron las mayorías necesarias para la adopción de decisiones importantes, incluso para decisiones de destitución de jueces, sin posibilidad de ninguna apelación.
«Llamo a que Argentina establezca procedimientos claros y un criterio objetivo para la destitución y castigo de jueces, y que asegure una reparación efectiva para que los jueces puedan objetar esas decisiones, para salvaguardar la independencia judicial», dijo.
En el proyecto de ley que regula las medidas cautelares, la experta notó que «el uso y el período de validez de las medidas cautelares contra el Estado no pueden limitarse. De lo contrario, el acceso a la justicia no está completamente garantizado.»
«Las limitaciones aprobadas en las medidas cautelares son contrarias al artículo 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otras relevantes normas internacionales», alertó la Informante Especial de la ONU.
Gabriela Knaul asumió sus funciones como Informante Especial de la ONU en la independencia de jueces y abogados el 1º de agosto de 2009. En ese puesto, actúa de manera independiente de cualquier gobierno u organización. La Srta. Knaul tiene una experiencia de larga data como jueza en Brasil y es una experta en justicia criminal y la administración de los sistemas judiciales.



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30 de abril de 2013 – Una experta de las Naciones Unidas llamó hoy a que Argentina asegure la independencia de su sistema judicial, luego de las reformas que se aprobaron el mes pasado que afectan el proceso de elección del Consejo de la Magistratura que designa y destituye jueces.
«El Estado se ha comprometido a asegurar la independencia del sistema judicial mediante el respeto a las normas internacionales en la legislación local,» destacó la Informante Especial sobre independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul.
La semana pasada, la Cámara de Diputados decidió cambiar el proceso de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura. El proyecto de ley, que todavía necesita ser votado en el Senado, somete a los miembros del Consejo a elección popular, con candidaturas canalizadas a través de partidos políticos.
«Ofrecer la oportunidad de que los partidos políticos propongan y organicen la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura amenaza su independencia, y de este modo se pone seriamente en peligro los principios de separación de poderes e independencia del poder judicial, que constituyen elementos fundamentales de cualquier democracia y del estado de derecho», dijo la Srta. Knaul.
De acuerdo con los informes de los medios, el proyecto de ley le daría el control del Consejo al partido mayoritario, lo que permitiría impugnar jueces por una mayoría simple, en lugar de los dos tercios requeridos ahora.


«La estipulación de elecciones partidistas de los miembros del Consejo de la Magistratura es contraria al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios Básicos de Independencia del Poder Judicial», dijo la Srta. Knaul.
El proyecto de ley también modifica los requisitos para que un candidato se convierta en miembro del Consejo, y reduce la mayoría necesaria para la adopción de decisiones importantes, incluso la destitución de jueces, sin posibilidad de apelación.
«Llamo a que Argentina establezca procedimientos claros y un criterio objetivo para la destitución y castigo de jueces, y que asegure una reparación efectiva para que los jueces puedan objetar esas decisiones, para salvaguardar la independencia judicial» dijo la Informante Especial.
Expertos independientes o informantes especiales como la Srta. Knaul son designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar e informar, en un puesto ad honorem, sobre temas específicos de derechos humanos. 
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